Cuando hablamos de "holocausto democrático" nos referimos al genocidio llevado a cabo por los partidos parlamentarios que en 1985 aprobaron una ley que permitía a las madres asesinar a sus hijos antes de nacer. Además, también nos referirnos a aquellos partidos que con su omisión o financiación han dado alas a promover la cultura de la muerte. En primer lugar, acusamos claramente al Partido Socialista que lleva años promoviendo políticas contrarias a la familia: aborto, legalización de las uniones de personas del mismo sexo, píldora del día después, divorcio exprés, etc. Pero no nos engañemos, también estamos señalando a un cómplice Partido Popular que a pesar de oponerse en un inicio a la Ley del Aborto de 1985, en dos legislaturas (una de ellas con mayoría absoluta) no hizo nada por poner fin a esta ley criminal.
La ley de 1985 abogaba por un falso derecho de la madre a poner fin a la vida de su hijo en caso de riesgo para ella, malformación del feto o porque el aborto fuera fruto de una violación. No nos engañemos, el concepto de riesgo para la madre ha supuesto un auténtico coladero de cientos de miles de abortos. Siendo insignificantes las cifras por malformación del feto y mucho más las efectuadas por violación (0’004 % en el año 2008).
Cerramos el año 2010 con una nueva ley del aborto que además de aumentar los plazos para abortar, supone una garantía jurídica para los “realizadores del aborto” (que no médicos) y con unas estadísticas cuyas cifras vienen siendo manipuladas año tras año, para no mostrar a la población el suicidio que supone la política antinatalista de la casta política en España.
Así pues, una persona coherente con el derecho a la vida, moralmente, no debe aceptar ningún supuesto que permita el asesinato de un ser humano inocente, incluido el embarazo indeseado, así como aquél que pudiera dar lugar a una malformación del bebé. Sin embargo, encontramos para unos el aborto como un síntoma de “progreso” (decidir si mato o no a mi hijo porque ha sido fecundado en un momento inoportuno o porque va a nacer con una discapacidad) y para otros se trata de un suculento negocio que mueve millones y millones de euros.
En cambio, en este holocausto silenciado encontramos las nulas ayudas económicas y psicológicas a la mujer embaraza, así como unas organizaciones pro vida que en ocasiones deben capear para rascar unas ridículas subvenciones que le permitan continuar con su labor en defensa de la mujer, la maternidad y el derecho a nacer.
En definitiva, son necesarias medidas que protejan a la familia y promuevan la natalidad autóctona. Esto es competencia del Estado, sí, pero también de que la sociedad se vaya concienciando poco a poco con tal de detener este holocausto democrático.
